Alguien podría poner en duda esta afirmación al considerar la escasa dotación sanitaria de El Hierro y La Gomera, que cuentan cada una con un pequeño hospital y unos servicios reducidos en cuanto a acceso a determinadas pruebas y especialidades médicas. Pero teniendo en cuenta que entre ambas islas apenas superan los 30.000 habitantes, el problema no es en absoluto comparable al de Fuerteventura, que con más de 110.000 y un importante crecimiento demográfico, no soporta ninguna comparación positiva con otras áreas de salud como Lanzarote o La Palma. La Sanidad en Fuerteventura está claramente infradotada, infrafinanciada y adolece de un buen funcionamiento de los servicios sanitarios.

El Consejero de Sanidad Baltar llegó al cargo, procedente del Grupo San Roque, a principios de 2017 y desde el inicio se encargó de decir "Sí a todo" y "Sí a todos" en Fuerteventura. No se privó de prometer todo aquello que le solicitaron desde asociaciones de pacientes e instituciones.  Incluso, la polémica y costosa medicina nuclear entraba dentro de sus promesas. Casi año y medio después, la situación en Fuerteventura no ha mejorado y ahora incluso conocemos datos francamente hirientes de la sanidad majorera.

Visita a Fuerteventura del Consejero de Sanidad, JM Baltar, en julio de 2017

Una de las carencias históricas en la isla ha sido la falta de equipos de alta tecnología de imagen, entre ellas la resonancia magnética,  cada vez más utilizada en diagnósticos médicos a nivel mundial. Tras años demandando su puesta en marcha en Fuerteventura, finalmente en 2016 se incorporó su compra  a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo Consejero de Sanidad Jesús Morera. 

Pese a estar ya presupuestado desde 2016, la compra efectiva del equipo de resonancia no se concretó hasta finales de 2017, y su adquisición fue motivo de la oportuna publicidad política. El equipo en cuestión tuvo un coste de 900.000 euros, a los que hay que añadir 200.000 euros en inversiones relacionadas con la instalación y puesta en marcha. Han pasado 5 meses desde la costosa compra y la resonancia sigue sin funcionar a pleno rendimiento. Y según nos confirman los profesionales del hospital, las pruebas de resonancia se siguen enviando a los radiólogos de las clínicas privadas de Fuerteventura para que sean informadas, cuando sería perfectamente factible que los informes correspondientes fueran realizados por radiólogos del Servicio Canario de la Salud en cualquiera de los hospitales públicos que tienen sobrada capacidad para ello. 

¿Qué puede explicar la demora en la implantación de la resonancia y la incapacidad para ponerla a funcionar a pleno rendimiento?

Se puede realizar una aproximación reveladora analizando los datos que aportó el Gobierno de Canarias a petición del diputado socialista por Fuerteventura, Iñaki Lavandera. 

El importe económico de las resonancias magnéticas que se hicieron en los centros privados, abonadas a continuación por el Servicio Canario de la Salud, ascendió a 770.000 euros. Aunque según otras cifras también aportadas por el Gobierno de Canarias al parlamento esta cantidad pudo llegar a 805.154 euros ¡rarezas de la transparencia del Gobierno de Canarias!.

Imagen de la documentación remitida por el Gobierno de Canarias a petición del grupo socialista en el Parlamento.

Esto supuso un incremento durante el año 2017 de entre un 22% y un 30% según la cifra que se considere para el cálculo, respecto a las cifras del año precedente.  Una vez más  sorprende el aumento de la resonancias realizadas por el Grupo San Roque, que aumentaron un 44%, muy por encima de lo que subieron sus otros competidores, Clínica Perpetuo Socorro y Centro Insular de Rehabilitación de Fuerteventura. 

En definitiva, durante 2017 hemos gastado más dinero público en resonancias realizadas en clínicas privadas para población de Fuerteventura, sin que se haya reducido la lista de espera de forma sensible. Durante 2018 no han sido capaces de poner en marcha el equipo de resonancia y seguimos gastando dinero público en servicios de diagnóstico de alta complejidad que se podrían dar con el costoso y ya pagado equipo que  se encuentra en el hospital.

Considero que el Compromiso por la Sanidad que impulso la Consejería de Sanidad en 2017 es una iniciativa que les ha salido muy bien, con un documento final aceptable (con  toda seguridad, yo no lo hubiera hecho mejor) y que ha sido muy bien presentado y defendido.

No tengo grandes objeciones al documento final, pese a que considero que no aporta mucho más a lo  que ya está en el ordenamiento nacional y de Canarias, empezando por la Ley General de Sanidad del 1986 que impulsó el malogrado Ernest Lluch.  Tampoco nada que objetar a las asociaciones, colegios profesionales y sindicatos que se pusieron a trabajar pensando que se le brindaba una oportunidad sincera de pactar desde lo más básico por la mejora de este bien común que es la Sanidad Pública en Canarias. Parece razonable que aceptaran honestamente y con profesionalidad el reto de trabajar por un pacto por el bien común 

El documento es un conjunto de buenas intenciones que deben ser después plasmadas en planes, programas y proyectos con dotación de recursos, es decir, todos los firmantes saben que el documento sin un compromiso financiero y de implicación a todos los niveles, no llegará a materializarse en nada.

Lo que probablemente no saben es que mientras la Consejería de Sanidad mantenía a todos estos interlocutores sociales entretenidos durante meses discutiendo sobre ideas, trascendentales o no, esa misma Consejería pactaba con la sanidad privada en Canarias las nuevas condiciones de los conciertos sanitarias, más exactamente las condiciones en las que se derivarán pacientes del Servicio Canario de la Salud a las clínicas privadas para su hospitalización, lo que se conoce como "hospitalización con medios ajenos".  Pero en esta ronda de contactos no se hablaba de ideas, ni de conceptos. Tampoco se diseñaban páginas web de estilo cool, ni se proponían debates interminables sobre los conceptos y principios que debían guiar a la sanidad privada. En esta reuniones se repartía el bacalao. Se reunían en sitios discretos y sin prensa para mantener intensas reuniones en las que se avanzaban muchas cuestiones, no solo conceptos generales,  para acabar hablando de dinero.  Ahora sabemos quien participaba en estas reuniones y como tras sucesivas rondas de contactos se finaliza en un acuerdo Sanidad Privada-Consejería de Sanidad para impulsar el nuevo modelo de derivación de pacientes del Servicio Canario de la Salud a las clínicas privadas, y que se materializa en la Orden, que como ya es sabido, firma el Consejero de Agricultura, por aquello de que el Consejero de Sanidad tiene una clara incompatibilidad para hacerlo.

Al leer ambos documentos, la Orden y el Compromiso por la Sanidad, sorprende

Ya he tenido la oportunidad de hablar con los "currantes" de algunas de las instituciones firmantes, esas personas que se encargaban de recoger, elaborar las propuestas y seguir el curso del documento. Se sienten claramente defraudados: "mucho trabajo, para un resultado buenista", y al conocer lo que se tramaba en paralelo con la sanidad privada, se siente fuertemente defraudados.

Sinceramente, no reprocho nada a los firmantes del documento Compromiso por la Sanidad, que desconocía que mientras en sus reuniones se hablaba de buenas intenciones, en las otras se estaba negociando cosas concretas y ficha económica concreta. Me gustaría que los firmantes denunciaran el engaño al que han sido sometidos por la Consejería de Sanidad y se replantearan su apoyo a un documento viciado desde el principio, pues desde el principio tuvo la intención de quedar como un brindis al sol, sin intención de continuidad. 







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¿Qué ha pasado en 2017 con la cirugía concertada? (click aquí)

En el post anterior expuse mi preocupación por el futuro de la Sanidad Pública en Canarias, por el concurso que establecerá las nuevas características de la hospitalización con medios ajenos , es decir, de los pacientes que el Servivio Canario de la Salud envía a las clínicas privadas.  Para interpretar lo que se pretende, lo que hay de fondo tras esa farragosa orden, debemos analizar lo que está pasando actualmente. Y podemos hacerlo analizando los datos que el Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias solicitó al Gobierno de Canarias, por lo que se trata de datos contrastables y que se encuentran resumidos aquí.

En primer lugar llama la atención el aumento en el número de pacientes derivados a las clínicas privadas para someterse a una operación, que pasó de 36.229 pacientes a 42.480. Un 17,3% de incremento. Comparemos este incremento con otros indicadores económicos acaecidos durante 2017.

También es interesante analizar como ha evolucionado el gasto sanitario en actividad quirúrgica concertada en los últimos años, es decir, el gasto que el Servicio Canario de Salud genera al derivar a pacientes para ser operados en la sanidad privada concertada.

Por último, no todos los grupos sanitarios privados incrementaron su actividad por igual. De tal forma que algunos lo hicieron de forma más clara que otros.  El Grupo San Roque incrementó su actividad un 40%, casi cuatro veces más de lo que lo hicieron el resto de grupos empresariales.

Como indicaba, estas gráficas están elaboradas a partir de este resumen de datos, que se puede descargar aquí.

Me mortifica pensar que esta deriva privatizadora de la Sanidad en Canarias registrada durante 2017 sea simplemente el preámbulo de lo que está por venir a través de esta nueva ola de conciertos sanitarios que, con dinero público incrementan los beneficios de la sanidad privada.

Esta preocupación la expongo desde que  JM Baltar fue nombrado consejero de Sanidad al comenzar 2017, cuando en este momento era gerente del Grupo San Roque y vicepresidente de la patronal de la sanidad privada en España.  Un origen que, más allá de otras consideraciones éticas o profesionales, es claramente incompatible con su actual posición, y que le inhabilita para defender la Sanidad Pública en Canarias.

CONTINUARÁ...


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¿Qué relación hay entre el Compromiso por la Sanidad y esta nueva ola privatizadora?

Canarias es la Comunidad Autónoma con menor inversión sanitaria pública por habitante, sólo superada por Andalucía.  Hay que tener en cuenta que Andalucía tiene 8,4 millones de habitantes (y las economías de escala la favorecen) y no tiente tanta dispersión demográfica como Canarias, y su ya conocido coste añadido por insularidad. En definitiva, Canarias es la peor región de España en inversión sanitaria per cápita.

Imagen extraída del informe de la Fundación IDIS: Sanidad privada, aportando valor. Análisis de situación 2018.

Por otro lado, llama la atención que Canarias Sí está entre las que más gasto destinan a la sanidad privada. En concreto, Canarias destinó, en 2017,  523 euros per cápita a la sanidad privada y 1.280 euros a la sanidad pública. Esto significa que el 29% de nuestro gasto total sanitario se va a la sanidad privada. Nos superan otras Comunidades como Madrid (36%) o Cataluña (34%). Sorprende que Valencia, que cuenta con la etiqueta de ser una Comunidad Autónoma que apostó por la privatización sanitaria en la pasada década, y su ahora denostado "modelo Alzira", sólo destina a la sanidad privada un 25% de su gasto total en sanidad.

Estos datos están extraídos del informe "Sanidad privada, aportando valor. Análisis de situación 2018", elaborado por Fundación IDIS.  La Fundación IDIS  aglutina al sector sanitario privado y tiene entre sus objetivos "poner en valor a la sanidad privada", por tanto este informe no es en absoluto sospechoso de tener un sesgo a favor de la sanidad pública.

Además Canarias es la Comunidad Autónoma con mayor probreza severa de toda España y una de las Comunidades más pobres si nos fijamos en las rentas por habitantes y rentas por hogar. Sorprende, por tanto, esta situación paradójica: Canarias, con rentas bajas, tiene mucha sanidad privada. Hasta aquí hemos llegado tras décadas de presiones privatizadoras de la sanidad pública.

En estos momentos, a nivel nacional e incluso europeo se pone en duda el modelo de colaboración público-privada en sanidad. En Cataluña ya hace tiempo que su modelo mixto público-privado y sus famosas fundaciones sanitarias presentan signos de agotamiento y desde hace años no se inician "nuevos experimentos" dado los pobres resultados que se desprenden de las escasas evaluaciones realizadas. En Madrid, la Marea Blanca ha parado, aunque no revertido, la privatización de la sanidad pública, y la Unión Europea ha dado severos reveses de tipo legal a los "hospitales a 50 años" impulsados con concursos poco transparentes. En Valencia, acabamos de presenciar como la Consejería de Sanidad recupera como público el famoso Hospital de Alzira.  El nacimiento del denominado "modelo Alzira" se producía en 1999. Cinco años después,  sin embargo, las pérdidas de cinco millones de euros para la empresa privada Ribera Salud en los cuatro primeros años de vigencia del acuerdo llevaban a ambas partes a su cancelación en 2002. Lo ocurrido, en lugar de cuestionar el modelo, supuso su reformulación con rescate económico incluido de Alzira con cargo a los presupuestos públicos. La semana pasada asistimos a la recuperación pública del hospital después de millones de euros invertidos en ese modelo, ahora revelado como fallido. 
A nivel europeo, un demoledor estudio del Tribunal de Cuentas Europeo titulado "Asociaciones público privadas: deficiencias generalizadas y beneficios limitados"  deja en evidencia las debilidades y opacidades de la colaboración público-privada, no sólo en el ámbito sanitario.

En Canarias vivimos un momento contradictorio y evidentemente contracorriente.  Por un lado nos encontramos con una sanidad pública infrafinanciada y con resultados casi siempre en el grupo de cola a nivel nacional. Por otro lado no llega el esperado crecimiento presupuestario en sanidad, que nos equipare a la media nacional, o al menos reduzca la brecha. Lo que sí llega, y observo con perplejidad e indignación, es lo que podríamos denominar "nueva ola privatizadora". Una conspiración en toda regla en la que se traza una ruta por la que se pretende impulsar, una vez más, la inercia privatizadora de Canarias en el área de salud.

Esta "nueva ola privatizadora" está orquestada por el lobby sanitario en Canarias y desde la llegada de JM Baltar, antiguo gerente del Grupo San Roque y vicepresidente de la patronal de la sanidad privada en España, a la Consejería de Sanidad hemos presenciado cómo han aumentado las derivaciones de pacientes a la sanidad privada y cómo en estas últimas semanas se ha dado un último golpe con la publicación de dos órdenes que han pasado desapercibidas en medios de comunicación general, pese a su importancia para la sanidad en los próximos años.

En primer lugar, el Gobierno de Canarias publicó recientemente los pliegos de la convocatoria para la prestación del servicio de hospitalización para pacientes derivados de la sanidad pública a la privada. De esta Orden cabe destacar:
a) Aumenta el presupuesto global destinado a la sanidad privada: 220 Millones de euros para las clínicas privadas.
b) El Servicio Canario de la Salud pagará más por cada paciente derivado, es decir, cada paciente generará más beneficio a las clínicas privadas.
c) Hay "una parte del pastel" para todas las clínicas. Es decir, todas las que reúnan las condiciones mínimas  tendrán adjudicados 25 pacientes procedentes de la sanidad pública durante todos los días del año.
d) La orden la firma el Consejero de Agricultura, Narvay Quintero, porque el Consejero de Sanidad no se vio con las garantías legales suficientes para firmar una orden que claramente está relacionada con su última empresa, Grupo San Roque. 

Imagen de la Orden por la que se aprueba el concurso de 220 Millones de euros y que firma el Consejero de Agricultura por incompatibilidad del actual Consejero de Sanidad.

En segundo lugar, se modifica la Orden de Homologación de centros sanitarios privados del año 2006. La Nueva Orden de Homologación introduce modificaciones claramente favorables para la clínicas privadas:
a) Establece condiciones menos exigentes. 
b) Concede 1 año más de prórroga para todos los centros. ¿En serio? Todos los centros privados debían estar homologados desde el año 2006 y ahora les conceden un año más.

Ciertamente era necesario la renovación de los conciertos sanitarios en Canarias, alguno de los cuales data del año 1968. Pero el lobby sanitario privado y los responsables de la Consejería, que proceden del sector sanitario privado, han aprovechado la coyuntura para establecer un nuevo punto de equilibrio en el que la sanidad canaria va a estar más privatizada. Esta operación concertada debilita, una vez más, a la sanidad pública y nos aleja de un sistema público, gratuito y universal. 



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Muchas gracias a todas las personas con las que comparto la inquietud por defender la sanidad pública y  que me han ayudado a descifrar y comprender la farragosa documentación e interpretar los datos.