Nueva Ola de Privatización de la Sanidad en Canarias
abril 06, 2018
Canarias
es la Comunidad Autónoma con menor inversión sanitaria pública por
habitante, sólo superada por Andalucía. Hay que tener en cuenta que Andalucía tiene 8,4
millones de habitantes (y las economías de escala la favorecen) y no tiente tanta dispersión demográfica como Canarias, y su ya conocido coste añadido por insularidad. En definitiva, Canarias es la peor región de España en inversión sanitaria per cápita.
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| Imagen extraída del informe de la Fundación IDIS: Sanidad privada, aportando valor. Análisis de situación 2018. |
Por otro lado, llama la atención que Canarias Sí está entre las que más gasto destinan a la sanidad privada. En concreto, Canarias destinó, en 2017, 523 euros per cápita a la sanidad privada y 1.280 euros a la sanidad pública. Esto significa que el 29% de nuestro gasto total sanitario se va a la sanidad privada. Nos superan otras Comunidades como Madrid (36%) o Cataluña (34%). Sorprende que Valencia, que cuenta con la etiqueta de ser una Comunidad Autónoma que apostó por la privatización sanitaria en la pasada década, y su ahora denostado "modelo Alzira", sólo destina a la sanidad privada un 25% de su gasto total en sanidad.
Estos datos están extraídos del informe "Sanidad privada, aportando valor. Análisis de situación 2018", elaborado por Fundación IDIS. La Fundación IDIS aglutina al sector sanitario privado y tiene entre sus objetivos "poner en valor a la sanidad privada", por tanto este informe no es en absoluto sospechoso de tener un sesgo a favor de la sanidad pública.
Además Canarias es la Comunidad Autónoma con mayor probreza severa de toda España y una de las Comunidades más pobres si nos fijamos en las rentas por habitantes y rentas por hogar. Sorprende, por tanto, esta situación paradójica:
Canarias, con rentas bajas, tiene mucha sanidad privada. Hasta aquí hemos llegado tras décadas de presiones privatizadoras de la sanidad
pública.
En estos momentos, a nivel nacional e incluso europeo se pone en duda el modelo de colaboración público-privada en sanidad. En Cataluña ya hace tiempo que su modelo mixto público-privado y sus famosas fundaciones sanitarias presentan signos de agotamiento y desde hace años no se inician "nuevos experimentos" dado los pobres resultados que se desprenden de las escasas evaluaciones realizadas. En Madrid, la Marea Blanca ha parado, aunque no revertido, la privatización de la sanidad pública, y la Unión Europea ha dado severos reveses de tipo legal a los "hospitales a 50 años" impulsados con concursos poco transparentes. En Valencia, acabamos de presenciar como la Consejería de Sanidad recupera como público el famoso Hospital de Alzira. El nacimiento del denominado "modelo Alzira" se producía en 1999. Cinco años después, sin embargo, las pérdidas de cinco millones de euros para la empresa privada Ribera Salud en los cuatro primeros años de vigencia del acuerdo llevaban a ambas partes a su cancelación en 2002. Lo ocurrido, en lugar de cuestionar el modelo, supuso su reformulación con rescate económico incluido de Alzira con cargo a los presupuestos públicos. La semana pasada asistimos a la recuperación pública del hospital después de millones de euros invertidos en ese modelo, ahora revelado como fallido.
A nivel europeo, un demoledor estudio del Tribunal de Cuentas Europeo titulado "Asociaciones público privadas: deficiencias generalizadas y beneficios limitados" deja en evidencia las debilidades y opacidades de la colaboración público-privada, no sólo en el ámbito sanitario.
En Canarias vivimos un momento contradictorio y evidentemente contracorriente. Por un lado nos encontramos con una sanidad pública infrafinanciada y con resultados casi siempre en el grupo de cola a nivel nacional. Por otro lado no llega el esperado crecimiento presupuestario en sanidad, que nos equipare a la media nacional, o al menos reduzca la brecha. Lo que sí llega, y observo con perplejidad e indignación, es lo que podríamos denominar "nueva ola privatizadora". Una conspiración en toda regla en la que se traza una ruta por la que se pretende impulsar, una vez más, la inercia privatizadora de Canarias en el área de salud.
Esta "nueva ola privatizadora" está orquestada por el lobby sanitario en Canarias y desde la llegada de JM Baltar, antiguo gerente del Grupo San Roque y vicepresidente de la patronal de la sanidad privada en España, a la Consejería de Sanidad hemos presenciado cómo han aumentado las derivaciones de pacientes a la sanidad privada y cómo en estas últimas semanas se ha dado un último golpe con la publicación de dos órdenes que han pasado desapercibidas en medios de comunicación general, pese a su importancia para la sanidad en los próximos años.
En primer lugar, el Gobierno de Canarias publicó recientemente los pliegos de la convocatoria para la prestación del servicio de hospitalización para pacientes derivados de la sanidad pública a la privada. De esta Orden cabe destacar:
a) Aumenta el presupuesto global destinado a la sanidad privada: 220 Millones de euros para las clínicas privadas.
b) El Servicio Canario de la Salud pagará más por cada paciente derivado, es decir, cada paciente generará más beneficio a las clínicas privadas.
c) Hay "una parte del pastel" para todas las clínicas. Es decir, todas las que reúnan las condiciones mínimas tendrán adjudicados 25 pacientes procedentes de la sanidad pública durante todos los días del año.
d) La orden la firma el Consejero de Agricultura, Narvay Quintero, porque el Consejero de Sanidad no se vio con las garantías legales suficientes para firmar una orden que claramente está relacionada con su última empresa, Grupo San Roque.
En segundo lugar, se modifica la Orden de Homologación de centros sanitarios privados del año 2006. La Nueva Orden de Homologación introduce modificaciones claramente favorables para la clínicas privadas:
a) Establece condiciones menos exigentes.
b) Concede 1 año más de prórroga para todos los centros. ¿En serio? Todos los centros privados debían estar homologados desde el año 2006 y ahora les conceden un año más.
Ciertamente era necesario la renovación de los conciertos sanitarios en Canarias, alguno de los cuales data del año 1968. Pero el lobby sanitario privado y los responsables de la Consejería, que proceden del sector sanitario privado, han aprovechado la coyuntura para establecer un nuevo punto de equilibrio en el que la sanidad canaria va a estar más privatizada. Esta operación concertada debilita, una vez más, a la sanidad pública y nos aleja de un sistema público, gratuito y universal.
Otros post relacionados con este tema:
¿Qué ha pasado en 2017 con la cirugía concertada? (click aquí)
¿Qué relación hay entre el Compromiso por la Sanidad y esta nueva ola privatizadora?
Muchas gracias a todas las personas con las que comparto la inquietud por defender la sanidad pública y que me han ayudado a descifrar y comprender la farragosa documentación e interpretar los datos.
En estos momentos, a nivel nacional e incluso europeo se pone en duda el modelo de colaboración público-privada en sanidad. En Cataluña ya hace tiempo que su modelo mixto público-privado y sus famosas fundaciones sanitarias presentan signos de agotamiento y desde hace años no se inician "nuevos experimentos" dado los pobres resultados que se desprenden de las escasas evaluaciones realizadas. En Madrid, la Marea Blanca ha parado, aunque no revertido, la privatización de la sanidad pública, y la Unión Europea ha dado severos reveses de tipo legal a los "hospitales a 50 años" impulsados con concursos poco transparentes. En Valencia, acabamos de presenciar como la Consejería de Sanidad recupera como público el famoso Hospital de Alzira. El nacimiento del denominado "modelo Alzira" se producía en 1999. Cinco años después, sin embargo, las pérdidas de cinco millones de euros para la empresa privada Ribera Salud en los cuatro primeros años de vigencia del acuerdo llevaban a ambas partes a su cancelación en 2002. Lo ocurrido, en lugar de cuestionar el modelo, supuso su reformulación con rescate económico incluido de Alzira con cargo a los presupuestos públicos. La semana pasada asistimos a la recuperación pública del hospital después de millones de euros invertidos en ese modelo, ahora revelado como fallido.
A nivel europeo, un demoledor estudio del Tribunal de Cuentas Europeo titulado "Asociaciones público privadas: deficiencias generalizadas y beneficios limitados" deja en evidencia las debilidades y opacidades de la colaboración público-privada, no sólo en el ámbito sanitario.
En Canarias vivimos un momento contradictorio y evidentemente contracorriente. Por un lado nos encontramos con una sanidad pública infrafinanciada y con resultados casi siempre en el grupo de cola a nivel nacional. Por otro lado no llega el esperado crecimiento presupuestario en sanidad, que nos equipare a la media nacional, o al menos reduzca la brecha. Lo que sí llega, y observo con perplejidad e indignación, es lo que podríamos denominar "nueva ola privatizadora". Una conspiración en toda regla en la que se traza una ruta por la que se pretende impulsar, una vez más, la inercia privatizadora de Canarias en el área de salud.
Esta "nueva ola privatizadora" está orquestada por el lobby sanitario en Canarias y desde la llegada de JM Baltar, antiguo gerente del Grupo San Roque y vicepresidente de la patronal de la sanidad privada en España, a la Consejería de Sanidad hemos presenciado cómo han aumentado las derivaciones de pacientes a la sanidad privada y cómo en estas últimas semanas se ha dado un último golpe con la publicación de dos órdenes que han pasado desapercibidas en medios de comunicación general, pese a su importancia para la sanidad en los próximos años.
En primer lugar, el Gobierno de Canarias publicó recientemente los pliegos de la convocatoria para la prestación del servicio de hospitalización para pacientes derivados de la sanidad pública a la privada. De esta Orden cabe destacar:
a) Aumenta el presupuesto global destinado a la sanidad privada: 220 Millones de euros para las clínicas privadas.
b) El Servicio Canario de la Salud pagará más por cada paciente derivado, es decir, cada paciente generará más beneficio a las clínicas privadas.
c) Hay "una parte del pastel" para todas las clínicas. Es decir, todas las que reúnan las condiciones mínimas tendrán adjudicados 25 pacientes procedentes de la sanidad pública durante todos los días del año.
d) La orden la firma el Consejero de Agricultura, Narvay Quintero, porque el Consejero de Sanidad no se vio con las garantías legales suficientes para firmar una orden que claramente está relacionada con su última empresa, Grupo San Roque.
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| Imagen de la Orden por la que se aprueba el concurso de 220 Millones de euros y que firma el Consejero de Agricultura por incompatibilidad del actual Consejero de Sanidad. |
En segundo lugar, se modifica la Orden de Homologación de centros sanitarios privados del año 2006. La Nueva Orden de Homologación introduce modificaciones claramente favorables para la clínicas privadas:
a) Establece condiciones menos exigentes.
b) Concede 1 año más de prórroga para todos los centros. ¿En serio? Todos los centros privados debían estar homologados desde el año 2006 y ahora les conceden un año más.
Ciertamente era necesario la renovación de los conciertos sanitarios en Canarias, alguno de los cuales data del año 1968. Pero el lobby sanitario privado y los responsables de la Consejería, que proceden del sector sanitario privado, han aprovechado la coyuntura para establecer un nuevo punto de equilibrio en el que la sanidad canaria va a estar más privatizada. Esta operación concertada debilita, una vez más, a la sanidad pública y nos aleja de un sistema público, gratuito y universal.
Otros post relacionados con este tema:
¿Qué ha pasado en 2017 con la cirugía concertada? (click aquí)
¿Qué relación hay entre el Compromiso por la Sanidad y esta nueva ola privatizadora?
Muchas gracias a todas las personas con las que comparto la inquietud por defender la sanidad pública y que me han ayudado a descifrar y comprender la farragosa documentación e interpretar los datos.
3 comentarios
Muy interesante. Está claro que los medios de comunicación "normales" no están dando cobertura a algo tan serio como esto.
ResponderEliminar¿puedes explicar mejor qué tiene que ver la homologación en esto de privatizar? Presentas la homologación como algo negativo, ¿no es bueno que los centros estén homologados?
Gracias.
EliminarLo centros sanitarios privados que reciben pacientes del Servicio Canario de la Salud deben estar homologados. Así lo establece una Orden de 2006.
Sin embargo, la mayoría de las camas de la sanidad privada no están homologadas, y eso que ya han pasado 12 años desde la publicación de la Orden.
Por supuesto que es bueno para la ciudadanía que los centros sanitarios privados estén homologados, pues implica que tienen mejores infraestructuras y mejores servicios. El problema es el siguiente:
- Muchos centros no están homologados.
- Se ha cambiado recientemente la orden de homologación, con ciertas facilidades, por ejemplo, les da un año más para reunir los requisitos. Esto es, después de 12 años de la primera Orden de homologación se les concede 1 año más de gracia.
Interesante
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