La captura del regulador es un tipo de fallo del Estado que ocurre cuando una administración se encuentra en situación de debilidad, y los administrados aprovechan para obtener beneficio.  En otras palabras, cuando el regulador (normalmente la administración) es más débil que los regulados, normalmente empresas y particulares poderosos.

Desde que George Stigler formulara su famosa teoría, después perfeccionada por otras escuelas económicas, son muchos los ejemplos de captura del regulador descritos en democracias solventes. Quiero ahora describir el caso de la Sanidad en Canarias como otro caso de captura del regulador.

A mediados de 2016 el análisis que hacía el lobby sanitario privado en Canarias pivotaba sobre estos cuatro puntos:

1. Había más dinero para Sanidad. Ciertamente había aumentado algo el presupuesto sanitario, aunque no tanto como sucedió en otras Comunidades Autónomas que igualmente salían de la crisis económica iniciada en 2008.

2. El dinero destinado a los conciertos disminuía en números absolutos y las inversiones en la sanidad pública, como la compra de aparatos de resonancia magnética y escaners, indicaba nuevas bajadas en el futuro próximo. Es decir había algo más de dinero en la sanidad pública, menos en la privada y peores perspectivas económicas para el lobby sanitario privado.

3. Las relaciones entre las clínicas privadas y el consejero de sanidad, el socialista Jesús Morera, no eran buenas. Consejero distante, pragmático y poco dado a la negociación en cuestiones de conciertos. Lo que de un lado era rigor en el otro se interpretaba como inquina personal y política.

4. Además no se ocultaba la intención de Morera de revisar los conciertos sanitarios y de recuperar servicios privatizados como el servicio de Medicina Nuclear del Hospital público Doctor Negrín.

Ante esta situación, el lobby sanitario presiona hasta lograr  la ruptura del pacto de gobierno que se salda con la salida del Gobierno de Canarias del partido socialista y sus consejeros, incluyendo el cese de Jesús Morera.
Para sorpresa de propios y extraños (varios medios de comunicación retrasaron la publicación de la noticia hasta re-confirmarla pues pensaron que podía tratarse de una broma) se nombró a JM Baltar como nuevo consejero de sanidad. Baltar era en ese momento director de operaciones de uno de los principales grupos empresariales sanitarios de Canarias,  vicepresidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española y secretario de la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas. 

1. Se incrementa el presupuesto sanitario, esta vez con incrementos superiores a otras comunidades autónomas, aunque menores al crecimiento del presupuesto global del Gobierno de Canarias.
2. Se incrementa el dinero destinado a los conciertos sanitarios, marcando máximos históricos.

3. Mejora visiblemente la relación entre la Consejería de Sanidad y las clínicas privadas, lo que se pone de manifiesto en el trato amable que los medios de comunicación con publicidad del lobby sanitario privado  dan al nuevo equipo de la  Consejería y a la situación sanitaria en Canarias.

Cuando recientemente en un foro de economistas de la salud expuse el caso de Canarias como un caso claro de captura del regulador, el más sabio y antiguo de la sala (por no decir su nombre) me corrigió: