Los impuestos no deben tener fin recaudatorio y lo recaudado tiene que servir a los objetivos, es decir, una sociedad más sana, sin perjuicio de la población más vulnerable económicamente.
Desde
hace décadas cargamos sobre los pacientes una responsabilidad y una
culpa desproporcionadas en la lucha contra la obesidad. Hacemos
hincapié en la importancia de la alimentación y el ejercicio
físico, y hacemos bien en ello, pero nos olvidamos sistemáticamente
que nuestros pacientes individualmente se enfrentan a una sociedad
generadora de obesidad, lo que se ha venido a denominar sociedad
obesogénica.
Como sociedad hemos construido una cultura donde el consumo está consagrado y con ello el consumismo entorno a la alimentación, donde el colmo es el consumo de productos para adelgazar. Los estilos de vida más urbanizados y con tendencia al sedentarismo atrapan a cada vez más porcentaje de la población.
Como sociedad hemos construido una cultura donde el consumo está consagrado y con ello el consumismo entorno a la alimentación, donde el colmo es el consumo de productos para adelgazar. Los estilos de vida más urbanizados y con tendencia al sedentarismo atrapan a cada vez más porcentaje de la población.
Por
supuesto que debemos continuar con estrategias y acciones en el
ámbito sanitario, educativo, social, etc. que hemos venido a llamar
abordaje integral de la obesidad. Y también es cierto que la
responsabilidad personal sobre la propia salud es fundamental. Pero
el fracaso de las últimas décadas y la tendencia preocupante que
reflejan las cifras entre los más jóvenes tienen que hacernos
reflexionar sobre la intensidad y la implicación que queremos en
este problema. Son tantas las acciones que se han intentado en el
ámbito sanitario, de la alimentación, ejercicio físico, etc que ya
toca implementar medidas con impacto real y que nos permitan
construir una sociedad no obesogénica.
Países
como México, con un grave problema de obesidad, han puesto un máximo
a la cantidad de azúcar en las bebidas comerciales e implementado un
impuesto sobre el azúcar en estos mismos producto. Los resultados
preliminares de la medida parecen halagüeños.
Desde
el 1 de mayo Cataluña ha aplicado un impuesto sobre el azúcar en
las bebidas que ha suscitado cierta polémica pese a lo indulgente de
la medida. Pondré algunos ejemplos de esa benevolencia:
Las
bebidas con menos de 5gramos por cada 100 mililitros no tendrán
impuesto.
Las
bebidas con entre 5 y 8 gramos por cada 100 mililitros tendrá un
impuesto de 0,08€ el litro. Lo que significa un encarecimiento real
de menos de 3 céntimos por lata de refresco.
Las
bebidas con más de 8 gramos por 100 mililitros, como son la mayoría
de los refrescos más populares, se incrementaran en 0,12€ por
litro (0,04 para una lata habitual).
La llamada "tasa Coca-Cola" tendrá impacto económico sobre las empresas del sector, aunque no parece que nadie vaya a dejar el hábito de consumir su refresco habitual por
culpa de esos 4 céntimos, pero desde luego es un avance que va
en la línea de la OMS, que el año pasado ya reclamó medidas
enérgicas contra la obesidad defendiendo, entre otras medidas, un impuesto del 20%, muy superior al 7% que se estima para la mayor parte de las bebidas en Cataluña. Además al parecer Coca-Cola fracasa en su intento de frenar el impuesto, que imitarán otras Comunidades Autónomas como Canarias, pero consigue que todas las bebidas azucaradas entren por igual, sin distinción entre refrescos, zumos o bebidas deportivas.
Sería de justicia que los 41 millones de euros que se esperan recaudar en Cataluña fuera destinados a fomentar hábitos saludables o abaratar otros alimentos, si realmente quieren convencer cuando dicen que es una medida de salud y no recaudatoria. Si realmente se toma esta medida por salud, no se deberían tener expectativas económicas. Lo deseable es que disminuyera el consumo de bebidas azucaradas, que los productores disminuyeran la cantidad de azúcar y que finalmente no se recaudara más dinero. Por otro lado, lo recaudado debería tener un carácter finalista, como los decomisos judiciales vinculados al tráfico de drogas. Lo recaudado debería ir destinado a fomentar hábitos sanos, ayudar a la población más vulnerable, que es también la más obesa y abaratar el coste de determinados productos.
En Canarias deberíamos estudiar estas y otras medidas encaminadas a facilitar a la población el acceso a los alimentos más saludables como la instauración de un máximo de azúcar en las bebidas, impuesto sobre el azúcar (especialmente en bebidas), regulación en la producción, publicidad, comercialización y ayudas al sector alimentario (fijando como prioridad la salud de la población) y reducción en el precio de los alimentos saludables.
Sin olvidar que en Canarias contamos con un Régimen Específico de Abastecimiento, el conocido REA, gracias al cual la importación de azúcar, entre otros, está subvencionada.
Sería de justicia que los 41 millones de euros que se esperan recaudar en Cataluña fuera destinados a fomentar hábitos saludables o abaratar otros alimentos, si realmente quieren convencer cuando dicen que es una medida de salud y no recaudatoria. Si realmente se toma esta medida por salud, no se deberían tener expectativas económicas. Lo deseable es que disminuyera el consumo de bebidas azucaradas, que los productores disminuyeran la cantidad de azúcar y que finalmente no se recaudara más dinero. Por otro lado, lo recaudado debería tener un carácter finalista, como los decomisos judiciales vinculados al tráfico de drogas. Lo recaudado debería ir destinado a fomentar hábitos sanos, ayudar a la población más vulnerable, que es también la más obesa y abaratar el coste de determinados productos.
En Canarias deberíamos estudiar estas y otras medidas encaminadas a facilitar a la población el acceso a los alimentos más saludables como la instauración de un máximo de azúcar en las bebidas, impuesto sobre el azúcar (especialmente en bebidas), regulación en la producción, publicidad, comercialización y ayudas al sector alimentario (fijando como prioridad la salud de la población) y reducción en el precio de los alimentos saludables.
Sin olvidar que en Canarias contamos con un Régimen Específico de Abastecimiento, el conocido REA, gracias al cual la importación de azúcar, entre otros, está subvencionada.
Las
medidas no pueden ser aisladas, ni puramente coercitivas o
recaudatorias, y no podemos olvidar que justamente la obesidad afecta
a los sectores más vulnerables desde el punto de vista
socio-económico. Hay que recordar que para un sector numeroso de la
población, justamente las dificultades económicas son el principal
obstáculo para alimentarse adecuadamente, y que la crisis económica ha ahondado estas diferencias.
